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Alcaldes en la mira

Por Francisco Javier Mares

El paro de los estudiantes de la Universidad de Guanajuato deja una asignatura por cursar a los alcaldes de los municipios de la entidad. Si bien al buen Alejandro Navarro Saldaña, jefe del Ayuntamiento en la sede central de la colmena, al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y, claro, al rector Luis Felipe Guerrero Agripino les tocó la mala, las exigencias del estudiantado en protesta por el acoso, la inseguridad y la violencia no se circunscriben al territorio de la capital del estado.

Y ahí es que sabremos qué autoridades municipales tienen la capacidad de ofrecer respuestas y garantizar soluciones. Cierto que no en todos los municipios de Guanajuato existe un ‘campus’ de la UG -qué bueno fuera-, pero sí hay escolares en cada uno de ellos. Los alumnos de secundaria y de preparatoria, por ejemplo, son víctimas cotidianas de los ‘bajadores’ a las puertas de los planteles.

El primero de los alcaldes a los que alcanza el coletazo de la huelga en la UG, es Héctor Germán René López Santillana, repetidor en el cargo como jefe de la comuna en León. Los atracos a los estudiantes de la preparatoria oficial, allá en la confluencia de los buelvares Hermanos Aldama y Juan José Torres Landa, en el barrio bravo de San Miguel, son de todos los días y no de ahora, como para que -con la debida publicidad al paro-, apenas hagan caso.

Pronto, Héctor Germán René se dijo dispuesto a firmar un convenio -el que sea-, con la Universidad de Guanajuato. La verdad suena más a demagogia que a disposición, estrategia y capacidad de respuesta. Este viernes sería la firma y el alcalde asegura que si no se ha dado es porque en  la universidad ‘aún lo revisan’.

El punto es que el señor alcalde de León no debiera necesitar de convenio alguno para hacer su trabajo. Y la primera obligación de la autoridad es garantizar la seguridad de los ciudadanos. Eso, evidentemente, no sucede. Los estudiantes hablaron de un plazo de 12 horas para que el gobierno cumpla con sus expectativas. No va a ocurrir. Que los policías se dejen ver cerca de las escuelas una que otra vez, que es lo que harán mientras dura la presión, nada va solucionar.

“Reafirmamos nuestro compromiso para garantizar la seguridad de todas y todos los leoneses, pero de manera particular con los jóvenes…”, etcétera, etcétera, dijo Héctor Germán René en sesión del Cabildo.

Las consecuencias del paro estudiantil se han dejado sentir en municipios como Salamanca, donde las autoridades municipales recibieron ya su pliego petitorio correspondiente. La UG tiene ahí su división de ingenierías. Alumbrado y transporte, tan básicas como esas, son las demandas insatisfechas de los estudiantes.

En la capital del estado -usted ya sabe que así se las gasta su alcalde, Alejandro Navarro Saldaña-, en sesión extraordinaria a las 11 de la noche, aprobaron una reforma al reglamento de Policía y buen gobierno, de manera que puedan castigar -aunque ni idea tienen de cómo-, el acoso sexual callejero. Consideran arrestos por más de 36 horas.

Cuando le preguntaron al alcalde cómo es que se probaría la falta, respondió que lo importante es ‘visibilizar’ el problema. Ah, bueno.

VILLAGRÁN

Villagrán vive un infierno. Negarlo no abona a ponerle freno. Un grupo armado acribilló a balazos y asesinó a tres policías en su propia comandancia. ‘Levantó’ a otros cuatro. El hecho ocurrió pasadas las 7 de la noche de este jueves, al cambio de turno. En su huida, los delincuentes incendiaron un camión en la carretera a Salamanca, para evitar ser perseguidos por los soldados de la XVI zona militar.

Este es el episodio más reciente de la saga que protagoniza José Antonio Yépez, ‘El Marro’, señalado como uno de los principales ladrones de combustible en el país, y quien colocó a Villagrán en el centro de la violencia de la República. La muerte de los tres uniformados confirma a Guanajuato como el estado con el mayor número de policías asesinados.

Pese a todo, las autoridades le siguen dando vueltas. El fiscal general, Carlos Zamarripa Aguirre, apenas atina a decir que es porque “en algunos casos se debe a que los elementos se coluden con organizaciones delictivas”. Y ya. Bueno, también dice que en Guanajuato se defiende el estado de derecho y así se sigue…

A su vez, el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez, estima que los ataques a policías obedecen “a que combaten la delincuencia y los grupos criminales”, así que estos “toman represalias”.

Tras el ataque, se realizó el consabido ‘operativo’ con fuerzas de todos los niveles. Y también como siempre, no dieron con uno solo de los delincuentes.

LA JAULA

Fosas clandestinas, el nuevo capítulo de la normalización de la violencia en Guanajuato.

Correspondencia: tigresdepapel001@gmail.com

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