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Exigen investigar presunto robo de tarjetas por parte de Servidores de la Nación

Además de las tarjetas, las personas dijeron que “les impusieron una serie de obras a realizarse en 31 planteles, así como a los contratistas encargados”

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Además de las tarjetas, las personas dijeron que “les impusieron una serie de obras a realizarse en 31 planteles, así como a los contratistas encargados”

El diputado por Movimiento Ciudadano, Ariel Rodríguez Vázquez, exige que se investigue la denuncia de padres y madres de familia de escuelas del municipio de Victoria, Guanajuato, que aseguran que Servidores de la Nación les quitaron las tarjetas donde reciben los apoyos del programa “La escuela es nuestra”, y otras irregularidades.

Además de las tarjetas, las personas dijeron que “les impusieron una serie de obras a realizarse en 31 planteles, así como a los contratistas encargados”, de acuerdo con información del Periódico Noreste de Guanajuato.

Los Servidores de la Nación son un grupo que surgió después de las elecciones del 1 de julio de 2018, que se dedicó a levantar encuestas para el “Censo del Bienestar”, así como a entregar folletos con los programas de la “cuarta transformación”.

Actualmente, estos brigadistas se dedican a promocionar de puerta en puerta los programas del Gobierno Federal que impulsa la ‘4T’, por todo el país.

De acuerdo con el Gobierno de México, el propósito de “La escuela es nuestra”, programa del Gobierno de México, es “hacer llegar de manera directa y sin intermediarios, los recursos para el mejoramiento y mantenimiento de las escuelas del país, administrados a través de comités elegidos por la comunidad escolar”.

Sin embargo, las presuntas irregularidades, expuestas por los habitantes de Victoria, revelan que los recursos del programa no estarían llegando de forma directa a las y los ciudadanos, como lo prometió en campaña el Presidente de México.

Frente a ello, el diputado Ariel Rodríguez señaló que no se deben permitir arbitrariedades en los apoyos para la gente, mucho menos abusos.

“Exijo una investigación puntual de estas presuntas irregularidades en los programas educativos para que, de comprobarse, no quede impune este abuso y se castigue a quien resulte responsable, refirió el legislador. “Menos dichos y más acción en beneficio de las y los ciudadanos” apuntó.