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Todo acto administrativo irregular de cualquier autoridad que afecte a gobernados será reparado al 100%
La propuesta del Grupo Parlamentario del PRI fue aprobada para que todo acto irregular de cualquier autoridad que afecte el patrimonio del gobernado, se le repare al 100 por ciento
El Pleno del Congreso del Estado de Guanajuato votó hoy a favor del dictamen de una iniciativa de reforma a la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y los municipios de Guanajuato, -propuesta por el Grupo Parlamentario del PRI-, para que todo acto irregular de cualquier autoridad que afecte el patrimonio del gobernado, se le repare al 100 por ciento.
Para hablar a favor del dictamen y pedir el voto en el mismo sentido, el diputado José Huerta Aboytes destacó que el objeto de la iniciativa es establecer un criterio de reparación justa e integral a los daños causados por el Estado.
En estricto sentido se propuso que cuando se cause daños material o moral por la actuación irregular del Estado, no se fijen cantidades mínimas y máximas como parámetro para la indemnización que deben recibir los afectados, porque ello lesiona el patrimonio y la dignidad personal de las víctimas.
El diputado Huerta enfatizó que la raíz jurídica de la propuesta de reforma abreva en la atención a una serie de criterios jurisprudenciales que provienen de tribunales, tanto del Poder Judicial de la Federación, como de la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, los cuales resultan coincidentes en determinar que esas escalas de cuantificación devienen violatorias de derechos fundamentales.
Agregó que basta aplicar el sentido común, para poner en evidencia la injusticia que se comente con las personas afectadas por la actuación administrativa irregular de alguna autoridad, que hasta ahora, en estricto sentido legal, se tendrían que conformar con una parte o fracción de la mengua sufrida por su patrimonio.
O que el daño moral que sufran tenga como tope la tercera parte del daño causado en los bienes materiales por la actuación arbitraria de ciertos burócratas que malversan las nobles finalidades del servicio público.
El legislador del PRI destacó que se realizaron algunos ajustes a la propuesta inicial, tan es así, que el artículo 11 en el dictamen aparece como derogado.
Además las modificaciones introducidas a los artículos 12 y 14, traen como consecuencia una mayor claridad en el texto y una precisión jurídica más acorde con las intenciones de la propuesta.
El diputado Huerta reconoció el trabajo realizado por la presidenta de la Comisión, Libia Denisse García Muñoz Ledo y la colaboración de los integrantes de la misa: Vanessa Sánchez Cordero y Laura Cristina Márquez Alcalá, así como las aportaciones Raúl Humberto Márquez Albo, Rolando Fortino Alcántar y J. Guadalupe Vera.
