Analizan reformas para suspender derechos de deudores alimentarios y violentadores que busquen cargos públicos en Guanajuato

En mesa de trabajo, se debaten iniciativas de reforma que buscan suspender derechos de deudores alimentarios y violentadores que aspiren a cargos públicos en Guanajuato.

En una reunión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, se analizaron tres propuestas de reforma que tienen como objetivo evaluar la idoneidad de las personas que deseen ocupar cargos, empleos o comisiones en el servicio público, si son deudores alimentarios o han cometido actos de violencia.

La magistrada Claudia Ibet Amezcua Rodríguez, del Poder Judicial del Estado, destacó la legitimidad de las reformas, ya que además de velar por la aptitud de los aspirantes a cargos públicos, también protegen el interés superior de niñas, niños y adolescentes, y contribuyen a combatir la desigualdad estructural que ha afectado históricamente los derechos humanos de las mujeres.

Carolina Gasca Arriaga, del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, y Luis Alberto Estrella Ortega, de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, coincidieron en la necesidad de la reforma, ya que beneficiaría a los grupos vulnerables mencionados anteriormente.

Durante la reunión se informó que, de aprobarse las reformas, se establecería un requisito de elegibilidad en Guanajuato para que aquellos condenados por ejercer violencia política contra las mujeres no puedan postularse a cargos de elección popular durante 36 meses.

En relación a este punto, Carlos Manuel Torres Yáñez, representante de la Coordinación General Jurídica del Estado, e Isis Nevai Albarrán García, del Tribunal Estatal Electoral, resaltaron la importancia de analizar la duración de la suspensión para que sea acorde con las sanciones impuestas por las autoridades jurisdiccionales.

La diputada Susana Bermúdez Cano explicó que la duración de 36 meses debe ser evaluada por los miembros de la comisión, considerando la proporcionalidad de las conductas. La magistrada Amezcua Rodríguez respaldó dicho período, ya que coincide con las fechas de las elecciones. Además, Estrella Ortega propuso incluir este punto en las consideraciones del proyecto de dictamen.

Por último, se instruyó la elaboración de un proyecto de dictamen que contemple las tres iniciativas relacionadas con la suspensión de derechos y deudores alimentarios.

En la reunión estuvieron presentes la diputada Susana Bermúdez Cano (presidenta), Briseida Anabel Magdalena González, Alma Edwviges Alcaraz Hernández y Yulma Rocha Aguilar, junto con el diputado Gerardo Fernández González.

Acompañando a los legisladores estuvieron representantes de la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado, el Poder Judicial del Estado de Guanajuato, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, el Instituto Estatal Electoral y el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato.