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A balcón el fiscal

‘México Evalúa’, documenta que dos de cada tres de las entidades federativas del país no tienen estadísticas del delito de homicidio confiables

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Tigres de papel

Por Francisco Javier Mares

‘México Evalúa’, documenta que dos de cada tres de las entidades federativas de país no tienen estadísticas del delito de homicidio confiables.

Las que genera el fiscal autónomo y todopoderoso del estado de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, por supuesto, no lo son.

El truco revelado: hacer de los homicidios dolosos o intencionales, homicidios ‘culposos’ -es decir, accidentales.

La manipulación de datos, la falta de capacitación y las capacidades limitadas de investigación estarían detrás del mal registro de los homicidios en las fiscalías estatales, sugiere el análisis.

Los estados peor evaluados son, en ese orden: Tamaulipas, Tabasco, Guanajuato, Puebla y Oaxaca -las entidades con los mejores resultados: Sonora, Yucatán, Campeche, Zacatecas, y Chiapas.

‘Fallas de Origen’ es el estudio que mide, por segundo año consecutivo, la confiabilidad de las estadísticas delictivas a través del ‘Índice de Confiabilidad de la Estadística Criminal’, ICEC, que presentó ‘México Evalúa’ en la semana que ya acaba.

Identifica los errores y las omisiones en el recuento de homicidios reportados por las 32 fiscalías del país, documenta cómo la clasificación errónea, el subreporte y hasta la reclasificación intencional de los hechos delictivos -el maquillaje de las cifras, pues-, reflejan la debilidad institucional del país.

La ficha específica del estado de Guanajuato, dice.

  • Guanajuato es una de las entidades peor evaluadas por el ICEC 2020. Refleja fallas considerables en la generación de estadísticas de homicidios dolosos, pero sobre todo de homicidios culposos.
  • Entre los homicidios dolosos, SESNSP, y las defunciones por homicidio, Inegi, hay periodos en los que ambas series reportan cifras muy similares y otras en los que hay diferencias mensuales de hasta 119 homicidios.
  • En la serie de homicidios culposos, durante muchos años, 2000-2011, las cifras mensuales estuvieron por debajo del techo de oscilación. Sin embargo, para el periodo 2015-2019 todos los meses acumulan homicidios culposos por encima del techo de oscilación -justo el lapso en el que Carlos Zamarripa pasó de procurador a fiscal de justicia, se le concedió autonomía y se le ratificó casi vitalicio, pero eso es mera coincidencia.

Al contrastar los datos del Inegi y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la estadística documenta patrones sospechosos en el registro de homicidios culposos -de carácter no intencional-, que en algunos reportes se comportan del mismo modo que otros homicidios ‘culposos’ -por arma de fuego, por ejemplo-, y constituyen por ello una alerta de manipulación de la información.

Las fallas en el registro de los homicidios en el país, alcanzarían incluso la falsificación de datos o la intención deliberada de modificarlos -pero no, eso no ocurre en Guanajuato.

BAJO SOSPECHA

El hallazgo principal es que dos de cada tres entidades federativas ‘presentan retos importantes’ -eufemismo de cortesía en el original-, en la precisión y confiabilidad de sus estadísticas delictivas. En específico, los estados que obtuvieron las calificaciones más bajas, entre ellos Guanajuato.

Si a alguien sirve de consuelo, Nuevo León -el estado que (des)gobierna Jaime Rodríguez, ‘el bronco’, en calidad de ‘independiente’-, es la única entidad que de plano ni siquiera reporta las cifras de víctimas; si acaso, publica el número de carpetas de investigación iniciadas, sin importar la instrucción del SESNSP -la omisión dificulta establecer correctamente esa estadística en México.

Los resultados del ICEC permiten a ‘México Evalúa’, confirmar que en algunos estados los homicidios culposos y los dolosos están asociados -y una asociación directa o indirecta entre ellos es un indicio de manipulación de datos.

“La hipótesis fundamental es que existen entidades federativas que pueden estar clasificando algunos homicidios dolosos o intencionales como si hubiesen sido homicidios accidentales o culposos…” -se lee en el informe ¿Le suena conocido?

Cuando se trata de saber cuántos homicidios ocurren en el país, en México se dispone de dos fuentes oficiales: el Inegi y el SESNSP. Los datos del Inegi son las muertes calificadas por un médico legista. Las estadísticas del SESNSP, en cambio, reportan el número de carpetas de investigación abiertas. Esa diferencia hace que los números del Inegi y del SESNSP no coincidan.

Si un asesinato intencional quiere mantenerse oculto o fuera de las estadísticas de los homicidios dolosos, lo más sencillo sería reportarlo como un homicidio culposo…

Peeero, los homicidios culposos, por su carácter accidental, carecen de una tendencia. Cualquier evolución de esos homicidios que no siga esa característica es sospechosa. De existir una manipulación de los datos, sería de esperar un incremento en el número de homicidios culposos ¿Como en Guanajuato?

‘México Evalúa’, explica:

De los ministerios públicos, uno de sus objetivos es resolver la mayor cantidad de investigaciones en el menor tiempo posible. De no lograrlo, pueden surgir incentivos para ‘simular’ eficiencia a través de las cifras. Una manera es reducir la cantidad de investigaciones de mayor exigencia y atención mediática. Los homicidios culposos bien pueden fungir como un vehículo para ocultar homicidios dolosos, que les hacen lucir mal. Ésta es la motivación ‘hipotética’ de la reclasificación de delitos -concede ‘México Evalúa’ en relación a lo que aquí hemos escrito una y otra vez.

Y concluye:

La factibilidad de una estrategia de seguridad que pueda contrarrestar la crisis de violencia que vive el país, depende de estadísticas de calidad. Desarrollar ese compromiso no es fácil, porque opera en contra de los incentivos comunes en las fiscalías, sobre todo en un año electoral.

Del maquillaje de las cifras, en el caso de don Carlos Zamarripa, en la jerga suya, existen suficientes indicios de presunta responsabilidad…

(A) LA JAULA

Policías caídos

En lo que corre de 2021, seis agentes de las fuerzas del estado han caído ya en Guanajuato. Cuatro en las dos semanas recientes. Apenas este jueves uno más, de Querétaro, de visita en Apaseo el Alto.

  • El 11 enero, un agente fue ultimado en un tiroteo en la comunidad de Santa Rosa de Lima, en Villagrán. Ocho pistoleros fueron abatidos. 
  • El día 18, una mujer oficial fue ejecutada en la carretera Salamanca-Irapuato. Dos días antes, en Irapuato, a ella la ‘levantaron’ y a su esposo lo mataron.
  • El 31 de marzo, ‘levantaron’ a un oficial en su domicilio en la comunidad Los Rodríguez, en Silao. Lo mataron. A tiros murieron cinco delincuentes.
  • El 4 de abril abandonaron el cuerpo de un agente de las FSPE en la comunidad El Tejabán, en Irapuato. Lo ‘levantaron’ en su día franco.
  • El 5 de abril, dos oficiales fueron asesinados en Irapuato. Fueron emboscados. En el tiroteo, cayeron dos policías y tres delincuentes.
  • Y este jueves, un oficial estatal de Querétaro, de visita a su familia en la comunidad Las Adjuntas, de Apaseo el Alto, fue asesinado a balazos. Un hermano suyo, también murió. El padre de ambos ‘fue levantado’ -la recopilación la hace el periódico ‘Correo’.

Los rostros múltiples de la violencia en Guanajuato.

Correspondencia: [email protected]

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